Edificios para todos

Escribe Arquitecto Edgardo Curcio

A fines del 2002 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley 962, llamada de accesibilidad, que modificó sustancialmente buena parte del código de Edificación. En esencia, se trata de que cada nuevo edificio que se construya, sea privado o público, resulte accesible a toda persona con capacidades físicas diferentes, eliminando las llamadas “barreras arquitectónicas”. Se entiende así a los impedimentos físicos que presenta el entorno construido para las personas con alguna discapacidad o circunstancias discapacitantes.

Este último concepto es fundamental para entender la amplitud de la ley ya que no se limita solamente a las personas con discapacidades físicas (motrices, sensoriales, etc) sino que se incorporan las “circunstancias discapacitantes” que normalmente no son consideradas y que comprenden a los factores cronológicos (ancianos o niños muy chicos), antropométricos (la obesidad, el enanismo, el gigantismo) o situaciones transitorias (el embarazo, cargar bultos, niños en brazos o en cochecito, etc)

De esta manera se modificaron muchas de las medidas que establecía el código anterior, se definieron en detalle dispositivos tales como rampas, escaleras o ascensores y se establecieron estándares para baños, barandas y hasta picaportes, entre otras cosas.

Al principio hubo un importante rechazo hacia esta ley, ya que se tomaba como un exceso que todos los edificios tuvieran esas características porque se argumentaba que la cantidad de gente con necesidades especiales sería mínima en relación al resto de la población y realizar los dispositivos necesarios traería grandes complicaciones o se perdería mucha superficie utilizable y, por lo tanto, rentabilidad.

Por suerte la solidaridad se impuso a la fría especulación y se terminó aprobando esta ley que modela nuestros edificios actuales. Y el tiempo demostró que no solo es posible construir sin barreras arquitectónicas sino que además resultan construcciones más usables para todos. Porque pensar un recorrido desde la vereda hasta el dormitorio sin desniveles ayuda a una silla de ruedas, pero también a un anciano o a una embarazada. Las nuevas medidas de las escaleras las hacen más cómodas para alguien con problemas cardíacos y las especificaciones para zócalos y pasamanos las vuelvan más seguras para niños o gente con bastón o muletas. Muchas otras son las situaciones contempladas por la norma y no tiene sentido enumerarlas, porque lo importante es entender que no se trató de legislar para un grupo reducido de gente, sino que las barreras arquitectónicas nos afectan a todos. Cualquiera puede sufrir una discapacidad transitoria o permanente. La convalecencia de una operación, una enfermedad o un accidente pueden modificar nuestras vidas y sería terrible que, además de los problemas propios de la situación se hiciera imposible seguir viviendo en la misma casa.

Pero la vida de la gente no se limita al ámbito privado. El concepto de barreras arquitectónicas se plica también a toda la ciudad. Edificios públicos, escuelas, calles, plazas o trasporte son parte de una amplia red en la que se desarrollan nuestras vidas y que debería ser accesible para todos. En este sentido se inscriben las rampas de las esquinas, las baldosas amarillas con relieves, los ascensores del subte o los colectivos con piso bajo, ejemplos todos de una nueva forma de pensar que, si bien no se aplica con la rapidez y la planificación deseables, constituyen al fin un cambio muy importante para la calidad de vida en la ciudad.

Así, los nuevos edificios ya se construyen sin barreras arquitectónicas, la ciudad las va eliminando gradualmente del espacio público y los edificios existentes lo hacen cuando se reforman. Y si finalmente los ciudadanos tomamos real conciencia de la importancia de estos cambios incorporándolos a nuestra forma de vida o defendiéndolos con convicción resultará que con el tiempo podremos tener al fin una ciudad accesible para todos, expresión de una sociedad más justa y solidaria.